El Gobierno ruso calificó de «infundadas» las declaraciones de la ministra de Seguridad, quien acusó a la inteligencia de ese país de participar en una grabación ilegal en la Casa Rosada.
martes, 9 de septiembre de 2025
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó formalmente al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, en respuesta a las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que acusaban a la inteligencia rusa de estar implicada en la filtración de grabaciones en la Casa Rosada. La Cancillería rusa calificó las acusaciones de «infundadas» y lamentó el impacto negativo en la relación entre ambas naciones.
Un reclamo diplomático y la tensión en la relación bilateral
Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Rusia, se le informó al embajador argentino que «la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones» por considerarlas sin pruebas. El comunicado también recordó la existencia de un Tratado de asistencia legal recíproca entre ambos países, sugiriendo que las declaraciones de la ministra Bullrich no contribuyen a la «relación constructiva de amistad» que existe entre Argentina y Rusia.
La tensión surge a raíz de una entrevista en Radio Rivadavia, donde la ministra Bullrich afirmó que su Gobierno había denunciado a personas vinculadas con los servicios de inteligencia rusos por la filtración de audios que involucran a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.
El Gobierno ruso expresó su preocupación y confía en que recibirá de la parte argentina una «explicación detallada» de las «inaceptables declaraciones» de Bullrich a la brevedad posible.
Las grabaciones en el centro del escándalo
La denuncia de la ministra se refiere a una grabación ilegal del celular de Karina Milei. Si bien el contenido de ese audio era inocuo, otra grabación atribuida a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), contiene acusaciones más graves. En este audio, se asegura que Bullrich y su asesor, Eduardo «Lule» Menem, cobran sobornos del 3 al 8% a empresas farmacéuticas privadas a cambio de otorgarles millonarios contratos de compra de medicamentos.