La acción de una banda de estafadores que alteraban registros públicos para despojar de sus propiedades a los legítimos dueños, es la noticia del momento en Catamarca, al abrirse una causa transversal a numerosos organismos públicos, y que suma ya más de 20 imputados y varios detenidos. Quien lidera la investigación es el fiscal Hugo Costilla, que a su vez enfrenta cuestionamientos a su labor que se dirimirán en un jury de enjuiciamiento. Todo ello en el marco de una justicia muy criticada, que pocos días atrás admitió su ineficacia al juzgar y luego restituir en su cargo a un juez que tenía más de medio millar de expedientes demorados, incluyendo algunos que datan de 15 años atrás. El hilo conductor de todos estos acontecimientos, viene a ratificar que los grandes damnificados de esta justicia lenta son, en primer lugar la sociedad en su conjunto, y en segundo las instituciones de la Provincia, que necesitan de una justicia activa y atenta para funcionar como deben.
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La reflexión se sostiene por un dato inquietante: la investigación de la banda de estafadores del Registro de la Propiedad, que estalló en los medios a partir de una serie de allanamientos y detenciones simultáneas, se atribuyó a una investigación de varios meses previos. Y no hay por qué dudar de que así fue. Pero un elemento objetivo revela que en realidad la banda ya había sido denunciada, en una presentación formalizada ante el propio fiscal Costilla, en agosto de 2021. De agosto de 2021 a marzo de 2025 ha pasado mucho tiempo. Más de tres años en los que esta banda siguió operando. La familiaridad entre el modus operandi de aquella denuncia y este escándalo emerge de manera irrefutable: tres de las personas denunciadas en 2021, fueron detenidas ahora. Mismos nombres, mismos apellidos, mismo presunto delito.
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Hoy no se sabe cuántos son los damnificados por el despojo de bienes, propiedades, casas, terrenos, automóviles. Es aventurado imaginar un monto que reúna en conjunto todas las estafas, entre otras razones porque muchos estafados ni siquiera se enteraron de lo que les ocurrió. Pero quizás, y probablemente, muchas de estas maniobras tramposas se ejecutaron en los 40 meses que pasaron entre la denuncia inicial y estos operativos de los últimos días. 40 meses en los que posiblemente se hubieran evitado muchísimas estafas si la justicia hubiera reaccionado desde un primer momento como, al parecer, lo está haciendo ahora. Eso no sucedió. La mora judicial es aquí un drama que golpea directo en el corazón de la comunidad catamarqueña, y no se inscribe ya entre las molestias que genera la simple burocracia. En este caso representa un perjuicio enorme y quizás insalvable. Mucho peor aun en casos de homicidios donde los criminales siguen sueltos o violencia de género, donde las víctimas siguen indefensas. Un ejemplo, apenas, para entender por qué se exige más premura.
El Esquiú.com