La Cancillería investigará posibles incumplimientos de la Ley 26.659, que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes el inicio de un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La investigación estará a cargo de la Cancillería y buscará determinar si los involucrados incumplieron las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley 26.659, que impide desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
La medida fue instruida por el Presidente y alcanza no solamente a las compañías que participan de la explotación de recursos en el archipiélago, sino también a accionistas, fondos de inversión, prestadores de servicios y asesores corporativos vinculados con esas operaciones.
“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, señaló la Oficina del Presidente.
En el comunicado oficial, el Gobierno volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las islas y sostuvo que las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes “son argentinos”.
Además, calificó la decisión como “un acto de justicia” y advirtió que quienes obtengan beneficios económicos a partir de la explotación de recursos en el archipiélago “encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley”.
Quiénes están alcanzados
La documentación oficial incluye a empresas, fondos de inversión, accionistas, directivos y proveedores de servicios de distintos países, entre ellos Reino Unido, Israel, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, Jersey e Islas Vírgenes Británicas.
La mayoría de los involucrados está vinculada con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
Entre los principales grupos mencionados aparecen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, ambas con participación en el desarrollo del proyecto. La investigación también alcanza a distintos accionistas de esas compañías.
Otro de los grupos incluidos es JHI Associates, de Canadá, junto con su subsidiaria JHI Falklands y su accionista Eco Atlantic Oil & Gas. También fueron incorporados accionistas de esta última empresa.
A su vez, el listado contempla a personas y compañías relacionadas con Borders & Southern, que participa en proyectos desarrollados a partir de licencias otorgadas por la administración británica de las islas.
También investigan a proveedores y empresas de servicios
El proceso sancionatorio no se limita a las compañías directamente relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos.
La nómina incluye a Noble Corporation, señalada como proveedora estratégica de infraestructura, además de varios de sus accionistas. También figura Netherland, Sewell & Associates (NSAI), identificada como asesora corporativa, y Fugro NV, vinculada a la prestación de servicios.
De esta manera, el Gobierno busca extender el alcance de la investigación a toda la cadena de empresas y actores que, según la documentación oficial, podrían haber contribuido al desarrollo de actividades hidrocarburíferas en las aguas circundantes a las Islas Malvinas.
El proceso deberá determinar ahora si existieron infracciones a la legislación argentina y cuáles serán las eventuales sanciones para las personas y compañías alcanzadas.