El Decreto 1366/2026 redefine quiénes pueden ser proveedores locales, habilita cambios en la composición de las empresas adheridas y amplía las condiciones para computar fondos del exterior destinados a grandes proyectos de inversión.

16/11/2026

El Gobierno modificó el RIGI: qué pasará con los proveedores, las inversiones y las divisas

El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y estableció nuevas condiciones para definir a los proveedores locales, cumplir los compromisos de inversión, realizar cambios societarios y computar el ingreso de divisas del exterior.

Los cambios quedaron establecidos en el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, y apuntan a precisar las condiciones de funcionamiento del régimen, ampliar la participación de empresas radicadas en el país y ordenar los procedimientos para reorganizar las compañías que tienen proyectos aprobados.

Uno de los principales cambios alcanza a la definición de proveedor local. Desde ahora, las personas jurídicas serán consideradas nacionales cuando estén constituidas y domiciliadas en Argentina, independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas y de la composición de su capital social.

De esta manera, las empresas radicadas en el país podrán participar como proveedoras de los proyectos incluidos en el RIGI aunque tengan capital extranjero. Para la provisión de bienes, se mantiene la exigencia de cumplir con los criterios de origen nacional establecidos por el Mercosur.

Fecha límite para cumplir con las inversiones

La reforma también introduce precisiones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). La nueva reglamentación establece una fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión exigido para el proyecto en su conjunto.

La disposición diferencia esa obligación de los compromisos de inversión previstos para cada etapa. Estos últimos mantienen sus condiciones y deberán cumplirse de acuerdo con los plazos específicos establecidos para cada tramo del proyecto.

Cambios en la composición de las empresas

Otro de los puntos centrales del decreto está relacionado con las transferencias de acciones y las modificaciones en la estructura de los Vehículos de Proyecto Único (VPU).

La normativa permite que terceros adquieran acciones, cuotas o participaciones de empresas adheridas al RIGI sin que eso implique la pérdida de los beneficios del régimen. Sin embargo, esas operaciones no podrán computarse como inversiones en activos computables para alcanzar el monto mínimo exigido.

También se habilita a las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos que funcionan como VPU a transferir total o parcialmente sus participaciones e incorporar nuevos integrantes.

Las operaciones deberán notificarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción en el Registro Público. El organismo tendrá un plazo de 30 días para formular observaciones. Si no lo hace dentro de ese período, la operación se considerará conformada.

Reorganización de sucursales dedicadas

El decreto incorpora un mecanismo para que las Sucursales Dedicadas adheridas al RIGI puedan transferir la totalidad de sus activos, pasivos, derechos y obligaciones vinculados al proyecto a una sociedad anónima (SA) o una sociedad anónima unipersonal (SAU).

La operación requerirá autorización de la autoridad de aplicación. Una vez concretada, la nueva sociedad reemplazará a la sucursal como vehículo del proyecto y conservará sus beneficios, obligaciones y compromisos.

Nuevas condiciones para computar divisas

La última modificación alcanza al ingreso de fondos del exterior y las condiciones de acceso al mercado de cambios.

El decreto amplía las fuentes de divisas que podrán computarse para acreditar el financiamiento de los proyectos. Además de los fondos ingresados directamente por el VPU, podrán considerarse los aportes de no residentes y los endeudamientos financieros externos liquidados por accionistas, socios y otros integrantes vinculados a la estructura empresarial.

Para que esos recursos sean reconocidos, deberán destinarse efectivamente al Proyecto Único y contar con registros contables que permitan verificar su origen, aplicación y trazabilidad.https://assets.elesquiu.com/docs/1794834436857-v9wy6k.pdf#view=FitH