También deberán declarar el empresario Héctor Martinez Sosa y su mujer María Cantero, y varios ex integrantes de Nación Seguros
viernes, 1 de noviembre de 2024
El juez federal Julián Ercolini solicitó la indagatoria al ex primer mandatario, Alberto Fernández por el escándalo de los seguros y a otros 38 personas. Según pudo saber por medio de fuentes judiciales es que también se encuentran convocados el empresario Héctor Martinez Sosa, su mujer María Cantero, y varios ex funcionarios de directorio de Nación Seguros.
Fernández deberá presentarse el 20 de noviembre, para brindar declaración, en consiguiente, para el 21 de noviembre, fueron citados Martínez Sosa y su mujer, la histórica secretaria del ex presidente.
La lista de personas llamada por la justicia incluye al ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y a otros ex funcionarios de ese organismo como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, y Mauro Tanos. También fueron citados los dueños de las principales empresas aseguradoras que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023.
La empresa Bachellier encabezó el ranking de las comisiones. El año que más cobró fue en 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a esa firma. Solo el contrato con Gendarmería le significó un ingreso de $1.363 millones, aunque también tuvo las pólizas del Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura.
Entre los teléfonos incautados, se encontraban chats que revelaron que Martínez Sosa gestionó esa póliza. El broker le contaba a su mujer detalles de las reuniones y hasta se sacaba fotos con Andrés Severino, por entonces director nacional de la fuerza.
Al frente de Bachellier figuran Osvaldo Alfredo Tortora y Ricardo Daniel González, pero los investigadores hace tiempo trabajan sobre la hipótesis de que es un satélite de Martínez Sosa. Sin embargo, Tortora fue sumado a la lista de indagatorias.
Detrás de esa empresa aparecía la firma de “Hecky” Martínez Sosa, que recibió $366.635.744 en comisiones. Una auditoría de Nación Seguros reveló que el amigo de Fernández tuvo contratos con 19 organismos públicos.
En la resolución del juez Ercolini, se grafica que “La maniobra habri´a requerido de la intervencio´n intencional de funcionarios pu´blicos de “Nación Seguros SA” y tambie´n de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestio´n que, segu´n los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habri´an mostrado intere´s para un propio beneficio o de terceros, en la designacio´n irregular o informal de productores, organizadores y ma´sters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporacio´n en las po´lizas y liquidacio´n de dividendos en favor de dichos particulares por parte de “Nación Seguros”.
El juez apuntó también a la empresa Castello Mercuri SA y al broker Pablo Torres García, dueño de TG Broker. “Como resultado de este direccionamiento indebido, las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castello y Torres García pasaron a percibir ma´s del 87% del monto abonado por “NACIO´N SEGUROS S.A.” por las comisiones de las po´lizas emitidas durante el peri´odo en que se habri´a desarrollado la maniobra”, se destaca en el fallo de 46 carillas.
Entre los citados a indagatoria también aparece ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, quien intercedió ante Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados con la ANSES.
Por otro lado, los primeros allanamientos ordenados por el juez, Nación Seguros echó al entonces gerente general Mauro Tanos, al gerente de compras Marcos Eufemio, y al gerente del área comercial, Matías Caselli. Semanas después, también fue apartado D’Angelo Campos de la ANSES.
De ingual forma, fue citado a indagatoria el empresario Alfredo Del Corro, uno de los “dueños” de la cooperativa 7 de mayo, que recibió decenas de transferencias sospechosas de algunos brokers investigados, tal como reveló Infobae.
Esa cooperativa apareció en escena al comienzo del escándalo. Fue un hallazgo totalmente casual: la Policía siguió un auto luego de un allanamiento en la empresa San Ignacio y terminó descubriendo dos camionetas 4×4 registradas a nombre de esa firma. Esa pista expuso una red de contactos entre ex funcionarios de Nación Seguros y empresas aseguradoras.
Al menos dos aseguradoras investigadas por el juez Julián Ercolini figuran en las transferencias ingresadas a las cuentas de 7 de Mayo. El dinero entraba a cambio de un supuesto servicio. En este caso, se hablaba de eventos gastronómicos. Para no despertar sospechas, la cooperativa emitía facturas por esos montos. Pero no había ningún catering.
Una de las cooperativa era 7 de mayo, que era la dueña de una franquicia de “La Birreria”, que funcionaba en Honduras al 5500, y había tramitado un subsidio con el INAES de $15 millones. El dinero ingresó a la cuenta el 24 de octubre de 2022. Una semana después, se esfumó a través de 16 cheques, según consta en un documento oficial.