La administración de los préstamos vigentes pasará a un banco privado en busca de mayor eficiencia y transparencia.
lunes, 9 de junio de 2025
El Gobierno nacional avanzó en la disolución del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, destinado a créditos para la vivienda única familiar, a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía. Esta norma despliega los procedimientos para implementar la disolución, oficializada el 12 de noviembre de 2024 por el Decreto 1018/2024.
El programa, que fue considerado una “pesada carga” para las cuentas públicas, presentaba dificultades en su fiscalización y control, además de problemas en la gestión y transparencia según una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Entre las observaciones se señalaron demoras en la entrega de viviendas, incumplimientos de convenios como con la Universidad Tecnológica Nacional, reclamos por falta de habitabilidad y ausencia de actualización de manuales operativos.
El Gobierno fundamenta la disolución en la Ley N° 27.742, que habilita al Poder Ejecutivo a modificar o liquidar fondos fiduciarios públicos para mejorar la gestión estatal, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto público.
Aunque el fondo se disuelve, el Ministerio de Economía firmará un contrato con Banco Hipotecario S.A. para gestionar los créditos ya otorgados, manteniendo las condiciones económicas del fideicomiso original de 2012. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial supervisará estas tareas y podrá autorizar la venta de carteras de créditos de bajo rendimiento.
Además, el Ministerio administrará los bienes muebles e inmuebles vinculados al fondo, con facultades para transferir propiedades a provincias, municipios y organismos del Estado, incluyendo la restitución cuando corresponda. Los inmuebles de titularidad fiduciaria del Banco Hipotecario no vinculados a obras actuales pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
El proceso de liquidación cumplirá con la normativa vigente y las obligaciones pendientes se cancelarán con los fondos recaudados por créditos o la venta de inmuebles. Las causas judiciales vinculadas al Pro.Cre.Ar serán atendidas por la unidad jurídica designada dentro del Ministerio de Economía.
Con esta medida, el Gobierno busca modernizar y optimizar la financiación de la construcción de viviendas, cuya gestión considera corresponde a bancos comerciales, tanto públicos como privados, cerrando una etapa con el programa que, según sus evaluaciones, no cumplió con las expectativas de transparencia ni eficiencia.