miércoles, 26 de marzo de 2025
El caso de las megaestafas en el Registro de la Propiedad emerge como un escándalo sin precedentes, cuya magnitud todavía es imposible de precisar, pero que a partir de los primeros datos que surgen de la investigación asoma como gigantesco. La presunción es que la banda operaba desde hace años, y que incluye toda una red de corrupción de la que participarían desde funcionarios judiciales hasta personal policial y de una serie de organismos públicos de diferentes estamentos. Un hecho de consecuencias impredecibles, porque se menciona la adulteración de documentos oficiales y otras artimañas pergeñadas desde los mismos organismos de control, lo cual deja en completo estado de indefensión a la ciudadanía y pone en riesgo bienes muebles e inmuebles cuyos reales propietarios fueron despojados sin estar siquiera alertados de las maniobras que se realizaban. La cadena de intervenciones necesaria para ejecutar estos delitos es muy amplia, y abarca desde empleados de aparente intrascendencia con acceso a expedientes hasta autoridades, pasando por bancarios, comerciantes y particulares que habrían sido convidados a beneficiarse de los trucos ilegales. ¿Por qué se sospecha que esto lleva mucho tiempo? Porque las denuncias que abrieron paso a la investigación datan de varios meses, y llevaron a archivos que datan desde hace casi un lustro, donde ya se señalaban este tipo de operaciones, por entonces sin mayor repercusión. Se recuerda por ejemplo que en 2021 Álvaro Farfán, un médico jubilado, dijo públicamente haber sido estafado por a una abogada y una escribana. El abogado querellante, Germán Josué Bordón, decía que presentó una denuncia en la Fiscalía de Instrucción N°5, por un delito de estafa y contra el funcionamiento de una asociación ilícita que implica a una abogada, una escribana y otras dos personas, las cuales ya tenían antecedentes delictivos por estafa en la provincia. El abogado defensor, apuntó a personas que falsificaron documentos en contra de la voluntad del facultativo jubilado. Casualidad o no, varios de esos nombres vuelven a aparecer en el caso actual. En ocasiones como ésta, se revela que la mora judicial, por momentos la inacción, no son críticas que nacen caprichosamente, puesto que se evidencia cómo la comisión de un delito puede prosperar y extenderse en el tiempo cuando la justicia no actúa. Al margen de aquel caso puntual y de la culpabilidad o inocencia de las personas mencionadas en su momento, lo que se revela es que el modus operandi que hoy se investiga no es en verdad algo novedoso en la provincia. Ahora varias ollas se destapan simultáneamente, y en varios organismos se desató una verdadera paranoia por saber quiénes y cuántos aparecen mezclados en los procedimientos de estos días, que van desde suspensiones provisorias hasta allanamientos y detenciones. El hermetismo general, propio de la etapa que se transita, es toda una usina de rumores que en las últimas jornadas lo alteró todo. No deja de ser una ironía que quien está al frente de tamaña tarea es el fiscal Hugo Costilla, cuya continuidad en el cargo depende de la suerte que corra en un jury de enjuiciamiento que podría terminar con una eventual destitución. Todo un símbolo de los agitados tiempos que vive la justicia local. En este punto, por la gravedad y dimensión del problema, se vislumbra también una oportunidad: si la justicia demuestra solvencia, decisión, celeridad y efectividad en este caso, podrá saldar deudas pendientes y anular muchas de las críticas que hoy cosecha, la mayoría de las veces con razón. Si esta megacausa se cierra con dudas, se intenta salvar señalando a dos o tres “perejiles” o se diluye en el tiempo, se confirmará todo lo malo que hoy afecta la imagen del Poder Judicial. En cambio, si se avanza sin proteger a nadie, desarticulando plenamente esta banda de estafadores y se les imponen las penas que corresponden, se habrá dado un enorme paso adelante. No será fácil, porque en cierto punto la justicia debe juzgarse a sí misma, ya que son muchos los judiciales implicados. En este punto, hay quienes sugieren que la investigación debería pasar al fuero federal. El pedido tendría cierta lógica, aunque al mismo tiempo es un hecho que los fueros federales está sobrecargados con causas de financieras desde hace tres años, más los procesos por drogas y otros temas. Difícilmente pueda avanzar todo sobre rieles. La otra opción es seguir los pasos de la justicia cordobesa, que ante un hecho similar avanzó sin miramientos contra su propia estructura para depurar y castigar sin privilegios a quien estuviera involucrado: cayeron funcionarios, abogados y todos los que se prendieron en la estafa del Registro de la Propiedad en esa provincia, con más de 200 condenados. No habrá sido un proceso agradable ni bonito, pero al menos la justicia de esa provincia salvó su honor. No es un mal camino para seguir aquí.
Recuerdos
El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, que adoptó el nombre Mercosur, le dio una estructura institucional básica y estableció un área de libre comercio. Los antecedentes de la integración regional se remontan al 30 de noviembre de 1985, fecha de la Declaración de Foz de Iguazú, que selló un acuerdo de integración bilateral entre Argentina y Brasil. El bloque económico pretendía fortalecer la región y tuvo momentos de esplendor y otros de crisis, pero se mantuvo en pie. Actualmente, el Gobierno de Javier Milei no muestra mayor interés en sostener estos vínculos, y busca romper el bloque o bien salir, para buscar un alineamiento directo con Estados Unidos, posibilidad que a través de la historia no ha generado beneficios reales ni tangibles para este país.
El Esquiú.com