El fiscal Costilla indagará hoy a los detenidos. Se conoció la identidad de cuatro de los involucrados.
lunes, 24 de marzo de 2025
La opinión pública no sale de su asombro tras conocerse que una mega investigación en la que se desbarató una banda criminal integrada por empleados públicos-judiciales y de provincia, policías, abogados y civiles se dedicaban a estafar a personas con propiedades y embargos. Como consecuencia, ayer los siete principales sospechosos pasaron a calidad de detenidos, y en el transcurso de la jornada de hoy serán indagados. Mientras la Justicia no descarta nuevas detenciones, se conocieron las identidades de cuatro de los involucrados.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, la investigación de oficio que culminó con la detención de varias personas sospechosas de integrar la organización, continuó ayer con nuevos procedimientos para sumar elementos de prueba en la causa.
El fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, a cargo de la investigación, ordenó nuevos procedimientos a partir de la información obtenida en los todos allanamientos y secuestros realizados el sábado en distintos puntos de la Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.
Estas diligencias se llevaron a cabo entre la madrugada y la mañana del domingo. En paralelo, durante la jornada se tomaron varios testimonios.
Cabe destacar que la investigación se maneja con mucho hermetismo, debido a la complejidad de la pesquisa, por lo que, desde el Ministerio Público fiscal aclararon que, hasta tanto se concretan las audiencias, no se revelará la identidad de los sindicados de forma oficial, con el objetivo de resguardar la investigación, que sigue en curso con distintas líneas de trabajo y nuevas diligencias en desarrollo.
Procedimientos
Al menos siete personas quedaron privadas de su libertad, y según trascendió de fuentes judiciales, en las próximas horas podría incrementarse este número, fue el corolario de un arduo trabajo del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial que terminó con la detención en su mayoría son empleados públicos (judiciales-policías), abogados y particulares.
El sábado por la mañana, con un cúmulo importante de elementos de pruebas y por directivas del juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, en un hermético operativo se llevaron a cabo 14 allanamientos en simultáneo en viviendas de la Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, donde seis hombres y una mujer quedaron a disposición de la Justicia.
En paralelo a los arrestos, en los domicilios se secuestraron elementos informáticos, celulares, notebooks y documentación. Ayer por la mañana continuaron con más secuestros que serían útiles para la investigación de la causa.
En los procedimientos que dieron iniciaron a las 7 de la mañana del sábado, participó personal de las Unidades Judiciales e Investigaciones Complejas del Poder Judicial. Por parte de la policía de la provincia, participaron los grupos: Kuntur, Infantería, GIR, Personal de Ciberdelitos, Informática, Investigaciones y Drones.
Las denuncias
A partir de denuncias individuales por usurpación, en las cuales aparecían involucradas las mismas personas. Ante esta situación, y en el marco de la conexión de las causas, el fiscal de Instrucción N°5 Hugo Costilla, decidió unificar las denuncias e iniciar una investigación de oficio.
El análisis detallado de las denuncias previas por usurpación, así como de otras presentadas en años anteriores, permitió recolectar nuevos datos. A medida que se examinaban los expedientes, surgieron coincidencias y un patrón común que vinculaba todos los casos.
¿Cómo operaban?
El modus operandi de la banda era, según los elementos de pruebas y el análisis de los datos obtenidos, los ahora detenidos formaban parte de una banda que operaba a través de una compleja red de contactos dentro de organismos públicos y privados, para llevar adelante una serie de estafas procesales. Su mecanismo comenzaba en Catastro y el Registro de la Propiedad, donde obtenían información sobre propiedades y títulos: saneaban títulos para poder disponer de ellos de manera fraudulenta.
Un dato clave en el modus operandi era que las víctimas nunca fueron notificadas de los procesos judiciales en su contra. Para ello, contaban con empleados del Juzgado Comercial y de Ejecución, quienes les proporcionaban información privilegiada sobre los trámites y les aseguraban un tratamiento preferencial en las causas. Además, manipulaban la designación de martilleros para asegurarse de que el remate de los bienes se realizara según sus intereses.
Otro eslabón fundamental de la presunta estafa era la falta de notificación a los deudores. A través de empleados de las Oficinas de Notificación, lograban que las citaciones nunca llegaran a destino. Como resultado, las víctimas solo tomaron conocimiento de los procesos en su contra cuando sufrían el secuestro de sus vehículos o el descuento de sus haberes. En ese momento, descubrían que tenían un juicio ejecutivo en su contra, sin haber sido debidamente informados.
El entramado de la organización llegaba también a las fuerzas de seguridad. Policías formaban parte de la banda, no solo figurando como titulares de créditos y accionantes, sino también desempeñando un rol operativo: seguían a los deudores en vehículos, tomaban fotografías de sus autos y, una vez firmado el embargo, alertaban al martillero para proceder con el secuestro del bien.
El acceso a la información bancaria de las víctimas era otra de sus estrategias. Contaban con empleados de bancos que les proporcionaban datos sobre cuentas y movimientos financieros.
La organización utilizaba tanto mecanismos legales acelerados como métodos completamente ilegales. En algunos casos, incluso recurrían a la falsificación de firmas, lo que llevó a varias víctimas a declarar que nunca habían firmado los documentos que aparecían en su contra, otro de los recurrentes en la pesquisa.