Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tienen a su cargo la formulación de la acusación en el proceso judicial por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz. La vicepresidenta fue autorizada a no presenciar la audiencia.
Por Crónica
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2 de Agosto 2022·10:19hs.
El fiscal Diego Luciani está a cargo de los alegatos por segundo día consecutivo (Captura de pantalla).
El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudó esta mañana ante el Tribunal Oral Federal 2 con el segundo día del alegato de la fiscalía, en tanto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue autorizada a no presenciar la audiencia en la causa en la que está imputada.
La jornada tuvo su inicio pasadas las 8.30 con la continuidad de la exposición de la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, en el debate que se realizada de manera remota, con las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.
La fiscalía quedó como única parte acusadora en el juicio que lleva más de dos años y ayer anticipó que considera que hay prueba para formular acusaciones a los 13 imputados por los supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación. Cabe destacar que e l alegato se extenderá por al menos nueve audiencias.
Luciani sostuvo que en la provincia de Santa Cruz hubo un «direccionamiento grosero inadmisible» a favor de empresas de Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública vial nacional entre 2003 y 2015.
Si bien en esta etapa es obligatorio para los imputados presenciar el alegato, la vicepresidenta fue autorizada por el Tribunal a no conectarse hoy a la plataforma Zoom por motivos de su agenda laboral.
En la segunda de las nueve audiencias que tiene previstas para exponer, el fiscal centró su atención en lo ocurrido en Santa Cruz desde 2003, con el dictado de normas y la firma de convenios entre Vialidad Nacional y provincial que según él «fueron relevantes para la maniobra».
«Se buscó reducir el ámbito de control, se organizó toda una estructura de funcionarios absolutamente funcionales al direccionamiento hacia Báez. Los convenios que se firmaron fueron relevantes para la maniobra», consideró.
La fiscalía está «en condiciones de asegurar que las 51 licitaciones públicas» de obra vial nacional en Santa Cruz «fueron una ficción , se trató de licitaciones aparentes, una puesta en escena para darle aspecto de legalidad a lo que en los hechos fue una contratación directa».
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Los funcionarios del área «omitieron cualquier acción tendiente a impedir el derroche de fondos del Estado. Permitieron que se instalara en Santa Cruz un sistema de corrupción permanente», agregó Luciani.
A su turno, el otro fiscal que interviene en el juicio, Diego Mola, aseguró que «se evitó cualquier tipo de fiscalización de las licitaciones» y que se manejaban los fondos de manera «arbitraria«.
«Se logró direccionar las licitaciones de una manera burda, ilegal, hacia las empresas» en las que tenía participación Báez. «Vamos a ver cómo luego parte de esos fondos ingresó luego al patrimonio de la familia presidencial», dijo Mola en alusión a prueba que aseguran presentarán en el alegato.
El juicio se realiza de manera semipresencial, con los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu conectados desde una sala de audiencias de Comodoro Py 2002 y el resto de las partes de manera remota.
Además de la vicepresidenta, son juzgados Báez, el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y ex funcionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros.
Cuando la Fiscalía finalice su alegato será el turno de cada una de las 13 defensas. Cada una tendrá tres audiencias. Comenzará la de Báez y la de la vicepresidenta será la sexta.