El diputado advirtió que el proyecto aprobado con media sanción no precisa cómo se financiará su implementación y objetó que el Ejecutivo pueda modificar partidas del Poder Judicial. También puso en duda que la provincia cuente con infraestructura adecuada para alojar a adolescentes.
La adecuación del régimen procesal penal juvenil en Catamarca enfrenta cuestionamientos por la falta de presupuesto, infraestructura y personal para ponerlo en funcionamiento. El diputado provincial Mamerto Acuña advirtió que el proyecto aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados no contempla una evaluación económica de las medidas necesarias y sostuvo que, sin recursos, la aplicación de la norma sería inviable.
La iniciativa, correspondiente al expediente 595/2026, busca adecuar el procedimiento provincial al Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley nacional 27.801. Acuña cuestionó especialmente el artículo 195 del proyecto, que —según explicó— habilitaría al Poder Ejecutivo a modificar partidas presupuestarias del Poder Judicial. Para el legislador, esa facultad afectaría la independencia de poderes y entraría en contradicción con el artículo 206, inciso 5, de la Constitución provincial.
En relación con los fondos, señaló que el Poder Judicial tiene asignados $148.000 millones para este año y que ya ejecutó $101.000 millones. A partir de esos datos, calculó que necesitaría alrededor de $50.000 millones para afrontar los cuatro meses restantes y estimó un faltante de $2.000 millones. Esas cifras corresponden al cálculo expuesto por el diputado durante la entrevista.
Acuña también puso en duda que Catamarca cuente con establecimientos preparados para cumplir las nuevas exigencias. Indicó que el Instituto de Santa Rosa, en Valle Viejo, sería el único que podría adaptarse parcialmente, aunque consideró que tampoco estaría en condiciones de responder a todos los requerimientos. Además, remarcó la necesidad de contar con espacios diferenciados para varones y mujeres.
Durante el debate legislativo se mencionó una estimación de alrededor de 300 casos anuales. Acuña aclaró que no es especialista en la materia y que repetía el número expuesto en la sesión.
“El camino al infierno está plagado de buenas intenciones”, expresó. Y resumió su postura: “Esta ley es inoficiosa y está plagada de buenas intenciones, pero es imposible su cumplimiento”.
El diputado anticipó que esperará el tratamiento del proyecto en el Senado y consideró que la Cámara alta podría advertir dificultades, introducir modificaciones y devolverlo a Diputados.