martes, 4 de noviembre de 2025
El expediente de una denuncia por supuesta mala praxis ha tomado un giro definitivo. La paciente Natalia Luz del Valle Ríos había denunciado públicamente a los médicos cirujanos Jorge Contreras y Javier Bulacios tras ser operada de la vesícula en un instituto privado, alegando que las dolencias posteriores se debían a errores en la intervención quirúrgica.
En su momento, la paciente había manifestado haber quedado con dolores permanentes, hinchazón abdominal y problemas intestinales que la obligaban a internaciones recurrentes, atribuyendo directamente sus padecimientos a un supuesto olvido o una incorrecta sutura.
Sin embargo, un reciente dictamen de la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo de Laureano Ricardo Palacios, ha solicitado la desestimación y posterior archivo de las actuaciones. El documento, dirigido al juez de Control de Garantías, concluye que no existe ninguna posibilidad de asociar las dolencias que padece la denunciante con la cirugía laparoscópica de vesícula a la que fue sometida.
El dictamen fiscal se basa en exhaustivos estudios médicos que no encontraron evidencias de mala praxis. Se menciona que, en una posterior laparoscopía exploratoria a la que fue sometida la paciente, se confirmaron hallazgos como múltiples cálculos biliares dispersos y líquido seroso, además de la resección de un granuloma en la pared abdominal, pero sin encontrar ningún elemento que vincule estos hallazgos con un error médico o negligencia en la intervención inicial.
De esta forma, la Fiscalía determinó que las molestias de la paciente no son consecuencia de la cirugía previa. Palacios sostuvo que, si bien se entiende el sufrimiento de la mujer, el hecho denunciado no constituye delito penal atribuible a los profesionales de la salud, ya que no se encontró nexo causal entre la intervención de los cirujanos y las complicaciones de salud de la Sra. Ríos.
Es necesario destacar que esta solicitud de desestimación y archivo de la causa judicial contra los médicos Jorge Contreras y Javier Bulacios queda sin sustento penal, inclinando el proceso que, si bien se originó en una preocupación real de la paciente, carecía de fundamentos de mala praxis comprobable, según el Ministerio Público.