El líder del Frente Renovador articuló contactos con mandatarios provinciales clave y logró que la media sanción quedara reducida, dejando afuera los artículos más polémicos del proyecto
Sergio Massa volvió a demostrar que conserva un músculo político de peso. El titular del Frente Renovador desplegó una intensa ronda de contactos con gobernadores de perfil pragmático y se convirtió en el actor central para frenar, en la trastienda del Congreso, los artículos más controvertidos vinculados a la venta de tierras a capitales extranjeros y a las modificaciones sobre incendios forestales.
Las negociaciones apuntaron a un grupo de mandatarios considerados «dialoguistas»: Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta, Rolando Figueroa de Neuquén y Hugo Passalacqua de Misiones. Se trata de figuras que no responden al kirchnerismo duro y que, en el Senado, representan un polo de poder determinante para armar o desarmar mayorías.
El resultado de esas gestiones fue concreto. La media sanción quedó reducida a los aspectos referidos al régimen de desalojos y las restricciones a las expropiaciones, descartando las cláusulas que habilitaban la extranjerización de terrenos y las que flexibilizaban las normas de la Ley de Manejo del Fuego.
El recorte implica un revés para la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei, que aspiraba a avanzar en un paquete de reformas más amplio. La capacidad de Massa de articular las demandas provinciales permitió condicionar ese avance sin necesidad de una confrontación abierta con el oficialismo.
La maniobra reposiciona al dirigente de Tigre en el tablero nacional en un momento en que el peronismo atraviesa una etapa de reordenamiento interno. Mientras los bloques tradicionales buscan una nueva conducción, Massa acumula capital político operando desde los márgenes del sistema, tejiendo acuerdos con actores que responden a lógicas territoriales antes que ideológicas.
El episodio confirma que los gobernadores provinciales siguen siendo una pieza clave en la negociación parlamentaria argentina. Su capacidad de disciplinar o liberar a sus legisladores en el Senado los convierte en árbitros de facto de cualquier reforma estructural que requiera mayorías especiales, independientemente de qué partido ocupe el Ejecutivo nacional.