El damnificado fue sancionado a pesar de que circulaba solo y sin viaje activo, por la mera «presunción» de los agentes de tránsito al ver el soporte del celular en el rodado.
Un fuerte reclamo por parte de conductores de la aplicación Uber Moto se concentró este lunes frente al Concejo Deliberante de la Capital, tras el secuestro de un motovehículo en un control de rutina. Los trabajadores del sector buscan entablar un diálogo con los ediles y las autoridades municipales para exigir que se unifiquen los criterios de fiscalización en la vía pública y se flexibilice una severa sanción económica que pone en riesgo su fuente de sustento.
El damnificado directo del operativo, Diego Luna, relató en una entrevista para El Esquiú Play que el hecho ocurrió el pasado viernes 22 de mayo durante un control vehicular desplegado sobre la calle Perú, en inmediaciones de la Plaza Virgen del Valle. El conductor explicó que, tras exhibir toda la documentación reglamentaria en regla, los agentes municipales le consultaron si prestaba servicios para plataformas digitales al observar que poseía un soporte para teléfono celular en el manubrio. A pesar de aclarar que en ese momento transitaba solo, sin acompañante y sin ningún viaje activo en el sistema, el rodado fue retenido. «Me labraron una infracción por el hecho de ser Uber, bajo la presunción de ellos de que estaba prestando servicio», protestó Luna, quien ya presentó un descargo formal ante el Juzgado de Faltas solicitando la desestimación de la causa debido a que la ordenanza vigente no prohíbe de manera explícita el uso de la aplicación en motocicletas.
La principal preocupación de los trabajadores radica en el impacto económico de la medida. La multa inicial impuesta por el municipio asciende a casi $400.000, pero al haber transcurrido más de una semana con el vehículo alojado en el corralón judicial, el monto final por el acarreo y la estadía diaria podría escalar significativamente. El chofer afectado estimó que abonar dicha suma le demandará meses de trabajo, lo que afecta directamente su subsistencia familiar.
Diferencias de criterios y avance de la ordenanza
Por su parte, Omar Moya, referente del sector que se presentó en el lugar para brindar su apoyo, expuso las contradicciones que existen en la administración pública al señalar que el Juzgado de Faltas N°1 y el Juzgado de Faltas N°2 aplican normativas disímiles frente a casos idénticos. Asimismo, recordó que la Dirección de Tránsito les había manifestado que los secuestros solo corresponderían cuando el conductor fuera sorprendido «visiblemente» en viaje, con la aplicación encendida y transportando un pasajero, puesto que el soporte telefónico también es utilizado de forma habitual por cadetes de mensajería o repartidores de PedidosYa.
El conflicto sumó un condimento político tras la intervención del concejal Diego Figueroa, quien visibilizó el reclamo a través de sus redes sociales. No obstante, desde el sector de los choferes desestimaron cualquier intención de realizar cortes de avenidas o manifestaciones violentas en el corralón municipal, ratificando su voluntad de avanzar por los carriles institucionales y de manera pacífica.