Franco Emanuel Ávalos, el policía que está acusado de matar de un escopetazo a su compañero, Oscar Ramírez, permanecerá privado de la libertad y alojado en el Servicio Penitenciario de Miraflores. Así lo resolvió el juez de Control de Garantías Héctor Rodolfo Maidana, quien en las últimas horas rechazó un planteo realizado por el abogado del imputado, Roberto Mazzucco, que había solicitado el cese de la prisión preventiva. Asimismo, en la resolución, el magistrado ordenó que la fiscalía acelere el trámite de la causa y estableció un plazo de cinco días, a partir de la recepción del resultado de una pericia informática, para resolver la elevación a juicio de la investigación.
Ávalos está imputado por el delito de “homicidio con dolo eventual agravado” por lo ocurrido durante la noche del 2 de junio del año pasado en las instalaciones del Grupo de Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR). Según surge de la investigación y de la declaración del imputado, Ávalos manipuló una escopeta que creía estaba descargada quiso hacerle una broma a su compañero amagándole un culatazo, luego se produjo el disparo que impactó de lleno en la cabeza de Ramírez y acabó con su vida en forma instantánea.
En julio del año pasado, la fiscal Antonella Kranevitter solicitó la prisión preventiva del imputado mientras se realizaban las tareas de instrucción, a lo que el juez Maidana hizo lugar. A fines del año pasado, el abogado Mazzucco realizó una presentación solicitando el cese de la medida, argumentando que no había elementos que hicieran suponer que el imputado podría darse a la fuga o entorpecer la investigación, ya que tiene residencia en esta ciudad, donde tiene familia y realiza su actividad laboral. Además, advirtió el letrado que la investigación está avanzada y no quedan medidas procesales por ordenar.
Sin embargo, el Juez Maidana consideró que no se incorporaron elementos de prueba nueva que modificaran los “indicios de riesgo procesal”. Y hace hincapié en que el imputado reviste un cargo de mayor jerarquía que algunos de los testigos que han prestado testimonio y que “atento a la subordinación existente en la institución policial, derivada de la cadena de mandos”, no puede descartarse que “Ávalos pueda influir sobre los mismos e inducirlos a falsear su declaración”.
Asimismo, el juez destaca que “ha transcurrido un tiempo bastante prolongado” desde el dictado de la prisión preventiva, el 7 de julio pasado, por lo que “considero prudente que el señor fiscal, en el término de cinco días corridos a contar desde que recepcione los resultados de la pericia informática solicitada, resuelva la situación procesal del imputado Ávalos”.